El abogado penalista de San Cristóbal José Tamárez censuró la gran cantidad de presos prevenidos que hay en la República Dominicana calificando la acción como un fracaso de la justicia repartido entre jueces y fiscales que no han entendido que estar libre es una condición esencial del ser humano.

Tamarez indica que hay una componenda tasita entre los dos principales actores del sistema de justicia en el pais para considerar como un triunfo el «trancar» a personas aunque las mismas no presenten ningún indicio de fuga en el proceso que se le sigue ante los tribunales.

Manifestó que eso trae como consecuencia un enorme congestionamiento de las cárceles generando condiciones de hacinamiento que a su vez son focos de grandes tragedias humanas como la ocurrida recientemente en la cárcel de La Victoria

«desde hace varios años y día por día se ha estado llamando la atención tanto a fecales como a jueces sobre las consecuencias de sus acciones pero tal parece que no se entiende o no se quiere entender» expresó Tamárez.

El número de reclusos se ha ido incrementando en las cárceles de República Dominicana. De 26,978 personas en prisión en diciembre de 2020, la cifra se ha eleva­do a 27,146, con un incre­mento de 246 reos.

Prisión preventiva
Según la norma proce­sal penal dominicana, es una medida de coer­ción de carácter perso­nal que afecta el dere­cho de libertad perso­nal, durante un tiempo más o menos prolonga­do, que no excederá de los doce meses, la cual sólo procederá cuando las demás medidas cau­telares fueren insufi­cientes.

Tamarez indica que tantos los jueces como los fiscales aplican las medidas preventiva de privación de libertad casi en todos los casos que llegan a los tribunales sin importar el tipo penal de que se trate

Señaló el reputado penalista que bajo esa premisa, la justicia dominicana permanecerá como una violadora de los derechos que le corresponden a las personas sobre la presunción de inocencia

Dijo que el hecho de trancar a una persona un solo día sin tomar en cuenta de que puede ser inocente implica un desequilibrio en la aplicación de justicia