Representantes de pequeños y medianos productores avícolas responsabilizaron al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduanas, por la crisis financiera que atraviesa el sector debido a las importaciones masivas de pollo congelado.

Durante una rueda de prensa celebrada en Licey al Medio por la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas (Aproamoli), el sector denunció que el producto extranjero ingresa bajo regímenes de tránsito en centros logísticos y compite de forma desleal con la producción local.

De acuerdo con las cifras expuestas por los productores, las importaciones de carne de pollo registraron un incremento del 105% entre 2021 y 2025, mientras que la producción nacional creció un 52.6% en ese mismo periodo y apenas un 1.7% en el último año.

Específicamente, la importación de pollo entero entre enero y septiembre de 2026 experimentó una variación del 245.8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entretanto, la oferta local alcanza los 23 millones de pollos mensuales, cubriendo más del 92% de la demanda del mercado interno.

El sector indicó que el costo de producción de una libra de pollo vivo oscila entre RD$41 y RD$42, pero se comercializa en la puerta de la granja entre RD$30 y RD$31.

Esto genera una pérdida estimada en RD$12 por libra y superior a los RD$60 por cada unidad vendida.

De igual modo, señalaron que la reducción del precio en granja no se traslada al consumidor final, quien continúa adquiriendo el producto entre RD$80 y RD$100 por libra en los establecimientos comerciales.

Como consecuencia de esta distorsión en el mercado, alrededor de 1.2 millones de aves permanecen en las granjas con sobrepeso y sin poder ser comercializadas.

Los productores atribuyeron parte del problema al uso de la Ley 30-24 de Centros Logísticos, la cual permite almacenar mercancías extranjeras por un periodo de hasta 18 meses sin el pago de aranceles ni impuestos.

Ante este escenario, el sector exigió la inclusión de los pequeños y medianos productores en los programas gubernamentales de pignoración, la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para regular las importaciones y la intervención directa del Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.