El modelo que está aplicando el go­bierno para vacunar a la población contra el Covid-19 es correcto, efi­caz y humano.

Y la respuesta ciudadana, en consecuencia, ha sido de aceptación generalizada y de colabo­ración para enfrentar la pandemia que azota al mundo.

ajo ese modelo, el Estado pone la mayor proporción de dinero para adquirir las vacunas, los insumos y desplegar la logística y el perso­nal sanitario para que la gente acuda a los pun­tos establecidos a inmunizarse.

Si hasta hoy esa iniciativa es un éxito… ¿De dónde sale la idea y por qué se acogió la deci­sión de cargar a los pacientes una parte impor­tante del pago para las pruebas diagnósticas del Covid?

Limitar el financiamiento oficial a una prue­ba PCR por persona al año, como lo han hecho las autoridades sanitarias y que desde ayer apli­can las Prestadoras de Servicios de Salud por instrucciones de las Administradoras de Ries­gos de Salud, es un serio traspié al esfuerzo de identificar a los afectados del Covid para cortar el contagio masivo.

En un momento tan decisivo para el país frente a la pandemia provocada por un virus mutante y peligroso, no vale la pena que el go­bierno haga una labor admirable para vacunar y evada su responsabilidad para diagnosticar a los afectados.

Si el Estado no está en condiciones de dar el servicio de pruebas antigénicas gratuitas en to­dos los hospitales del país a los que pueden acu­dir los estratos más pobres, el modelo de cubrir solo una PCR parece un serio obstáculo en la lucha contra el virus y sus consecuencias para la salud y la economía.

Ojalá que enderecen ese entuerto. Y pronto!