Santo Domingo.- La más alta cúpula del derecho en el país asociada en el Instituto Dominicano de Derecho Penal denunció hoy que durante un período inferior a 45 días más de 50 jóvenes han caído abatidos a balazos en alegados intercambios de disparos tras el cambio de mando en la Policía Nacional.
Manuel Sierra y Enrique Vallejo Garip, en rueda de prensa hablando a nombre de la institución, dijeron que de lo que se trata es de asesinatos extrajudiciales cometidos por agentes policiales.
Diregentes del instituto Dominicano de Derecho Penal
Los portavoces jurídicos responsabilizan directamente al presidente de la República, al director de la Policía Nacional, a la ministra de Interior y Policía y a la procuradora general de la República.
Precisaron que la Policía utiliza como norma el lenguaje “poner en 29” como mote para matar sin piedad a un ser humano.
“No importa lo que haya cometido, la ley —ese pacto social sagrado que todos hemos firmado— es el que debe imponerse; jamás la intención criminal de gente que ha vivido la vida entera cometiendo asesinatos de manera impune”, dijeron Sierra y Vallejo Garip.
“La ciudadanía reclama el cese inmediato de los intercambios de disparos, que no son tales. Se trata sencillamente de una manera de exterminio bajo el nombre de la ley, violando los más elementales derechos de los seres humanos”, precisaron.
Dijeron que, con esa acción, el Estado, el Gobierno, el presidente de la República, el director de la Policía, la ministra de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República se deslegitimizan.
Solicitaron al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, al director de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que cesen las muertes contra de ciudadanos investidos del principio de inocencia.
“Los abogados que servimos de voceros en este conglomerado, Manuel Sierra y Enrique Vallejo Garip, en calidad de tales solicitamos al director de la Policía Nacional el cese del mandato que hace a sus subalternos para que cometan crímenes a mansalva en contra de ciudadanos que no han sido juzgados ni procesados”, subrayaron.
Advirtieron que esa acción, el Código lo tipifica como crimen de lesa humanidad, por lo cual hicieron saber al presidente de la República, a la ministra de Interior y a la Procuradora General que se trata de un hecho que no prescribe, por lo que en el futuro el brazo ejecutor de la justicia podría alcanzarlos a todos, algunos por su silencio y a otros por ser autores que han ordenado matar de manera selectiva a humildes ciudadanos, sean delincuentes o no.
“Tenemos para eso la ley y la Constitución, que debe ser el único instrumento que se utilice para el control de los mismos. Es lamentable que el director de la Policía Nacional admita públicamente que en solo 47 días de su mandato hayan muerto asesinados de manera violenta más de 50 personas, cuyos homicidios han quedado impunes porque los han llevado a cabo las autoridades obligadas constitucionalmente a garantizar la vida de las personas y no a quitarlas”, observaron.
“Por tanto, la autoridad está cayendo en el mismo renglón que los que ellos llaman delincuentes. Espanta y aterra el silencio cómplice de la ministra de Interior y Policía y de la procuradora general Yeny Berenice, en una franca violación de la Constitución de la República, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, declararon los abogados.
Dijeron que la cantidad de asesinatos extrajudiciales y selectivos es peor que en un régimen dictatorial.
“El Instituto Dominicano de Derecho Penal deja claro que no defiende el delito; defiende las garantías establecidas en la Constitución, el Código Procesal Penal y el Código Penal Dominicano, así como la vida de los ciudadanos. El presidente Luis Abinader, el director de la Policía Nacional, la ministra de Interior y la Procuradora General deben recordar que las garantías constitucionales alcanzan a todo el mundo, sean delincuentes o personas honestas, sin distinción de color, raza, credo, o condiciones económicas, políticas y religiosas”, precisaron.
Apuntaron que ninguna acusación, ningún apodo, ninguna ficha autoriza al director de la Policía Nacional, al presidente de la República, a Faride Raful ni a Yeny Berenice a decidir quién vive y quién muere.
“Esa decisión le pertenece a la Constitución, que prohíbe por siempre los crímenes de lesa humanidad. Los ciudadanos asesinados, lamentablemente, son de edades no mayores a los 26 años. Solo entre los días 24 y 25 del mes de septiembre murieron de manera violenta a manos de la autoridad siete personas en 24 horas, cuyas grabaciones esconden a la población. Todos los asesinados son hombres con apodos y supuestas fichas de control”, concluyeron.
