El Senado está apoderado de un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del Código Penal para aplicar la castración química a los condenados por violación sexual a menores de edad, personas en estado de inconciencia, incesto y muerte por agresión sexual.
La pieza es autoría del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, y dispone que la castración química será voluntaria, pero en los casos de reincidencia del delito, el tratamiento será obligatorio «al suponer que el individuo es un peligro para la sociedad».
El Tratamiento Hormonal Voluntario (THV) o castración química deberá ser acompañado de terapias psicológicas o psiquiátricas para el condenado, que deberán ser promovidas desde el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General de la República (PGR).
El proyecto también contempla la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios de Tratamiento Hormonal Voluntario, que estará bajo la responsabilidad de la Procuraduría y del Ministerio de Interior y Policía.
Este registro, según el legislador, permitirá crear un monitoreo efectivo de los culpables del delito de violación para fines de control, reinserción social y asistencia.
¿Por qué la castración química?
En uno de los considerados redactados en el proyecto, se expone que toda sanción penal debe ir acompañada de una rehabilitación social del condenado, por lo que aplicar la castración química «ayuda a eliminar los impulsos sexuales que hacen delinquir» a los violadores.
De acuerdo con el planteamiento, el método de la castración da «nuevas oportunidades de resocialización» y resulta, en sentido general, como un beneficio para la sociedad y para el acusado de violación sexual.
«El THV (castración química) más que una pena, debe ser vista por las autoridades como una medida de seguridad», argumenta el senador en su proyecto al detallar que países, como Colombia, México, Ecuador, Perú y Estados Unidos, aplican la técnica médica y obtienen «resultados eficaces».
Proceso en el Senado
El proyecto fue introducido en el Senado el pasado 13 de junio, pero aún no ha sido remitido a ningún equipo de estudio, por lo que se espera que en la próxima sesión de la Cámara Alta sea enviado a la Comisión de Justicia.
