Si las alcaldías de Distrito Nacional y de otras ciudades cobraran a comerciantes, “padres de familia” e instituciones por el tiempo y uso de los espacios públicos, no habría necesidad de aplicar el artículo 3 de la Ley 166-03 que establece el monto de los ingresos que deben percibir por la Ley de Presupuesto General del Estado.

Durante años la calles han sido espacios para hacer negocios, desde vender productos y artículos, entre ellos té, café, ropas y zapatos, y tener puestos de empanadas, food truck, talleres de mecánica y mesas de restaurantes. Las víctimas: los peatones que se ven obligados a usar las calles para caminar porque las aceras destinadas para su tránsito están ocupadas, con el riesgo de ser embestidos por algún vehículo, como ha ocurrido en ocasiones, o accidentarse fracturándose parte del cuerpo sin consecuencia legal.

Marcos Barinas, un urbanista preocupado, de entrada critica la falta de autoridad para hacer cumplir la ley. “Nosotros no tenemos un respeto adecuado a lo que nos pertenece a todos, eso es algo que lo vivimos todos los días en un condominio, en un barrio”, dice.

Frank Díaz es el director de Espacios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional y afirma que se han encontrado con comerciantes informales y formales que se han apropiado de esos lugares generando grandes problemas. Plantea dos escenarios: uno el que se observa en las circunscripciones 2 y 3, donde comerciantes informales, muchos haitianos, instalan negocios en las aceras y en porciones de la calle, mientras que en la circunscripción 1 el mayor problema son los constructores que se apropian de espacios de la ciudad.