El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, presentó un listado de pensiones, que a su consideración, han sido dadas al margen de la Ley 379-81.

A través de un comunicado de prensa, Martínez expresó que la legislación establece criterios claros para la jubilación con pensiones vitalicias del Estado, destinadas a servidores públicos bajo condiciones específicas de servicio y edad, o personas con condiciones de discapacidad física severa debidamente certificada.

“También están las pensiones especiales, que deben ampararse en leyes específicas, cuando se trate de personas que no hayan desempeñado una función pública, como es el caso de atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de país”, señaló.

En ese sentido, Abel Martínez explicó que su equipo técnico analizó una serie de documentos que evidencian distorsiones graves en la asignación de pensiones por parte del Gobierno.

Sostuvo que en 219 decretos correspondientes a pensiones especiales entre 2020 y 2024, se otorgaron 25,540, y de estos “una notable minoría cumple con el proceso reglamentario”.

Martínez indicó que en varios decretos presidenciales, más de la mitad de las pensiones fueron asignadas con criterios políticos y no conforme a lo estrictamente indicado en la ley.

El candidato presidencial afirmó que con estas pensiones han sido beneficiados una gran cantidad de exmiembros y exdirigentes de partidos de oposición, incluyendo exalcaldes y exdirectores que abandonaron sus organizaciones políticas para entrar al partido de gobierno.

Dijo que, además, han sido beneficiados, colaboradores y familiares de los exdirigentes del PLD, con pensiones vitalicias y muchas otras a dirigentes del PRM y allegados.

Resaltó que muy pocas de las pensiones otorgadas han sido en beneficio de servidores públicos sin vinculación política, como enfermeras, técnicos de diversas áreas y figuras destacadas del deporte, el arte o la cultura, entre otros.

Martínez aseguró que con este accionar se ha fomentado un esquema de clientelismo y transfuguismo que erosiona la estructura de los partidos políticos.

Manifestó que el manejo fiscal irresponsable de las pensiones estatales ha provocado un aumento desproporcionado de los compromisos financieros del Estado, con un incremento de más del 60% en los fondos destinados a esos fines en los últimos cuatro años.

El candidato presidencial Martínez aseguró que este aumento exorbitante en las obligaciones de pensiones al margen del marco de la ley, compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y limita severamente la capacidad del Estado para invertir en áreas críticas como educación, salud e infraestructura.

“Desde el Gobierno se están creando las condiciones para una crisis, provocada no por necesidades apremiantes del país, sino, por decisiones políticas cortoplacistas que podrían tener consecuencias devastadoras a largo plazo”, dijo.

Añadió que la sociedad debe exigir la publicación del total de más de 60,000 pensiones entregadas por el Estado en los últimos cuatro años.