La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) solicitó la urgente intervención del presidente Luis Abinader para que detenga «el festival maratónico» de contratos de alquileres multimillonarios de bienes muebles e inmuebles, que, de manera irracional, desproporcionada y violando la Constitución, vienen realizando desde hace años los funcionarios públicos.
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la FJT, aseguró y advirtió que todos los contratos de alquiler u otros que superen los 200 salarios mínimos del sector público, para enajenar o afectar las rentas nacionales sobre un bien o recurso público, como control incluso para el presidente de la República, deberán ser refrendados y aprobados por el Congreso Nacional, lo que evidencia la inconstitucionalidad e ilegalidad de los referidos contratos.
Consideró que esta acción genera deudas por miles de millones de pesos, en perjuicio del patrimonio público.
