La Junta Central Electoral (JCE) trabaja desde el 29 de marzo del 2022 en una propuesta de procedimiento para las elecciones del 2024, acción que dio como resultado la resolución preliminar 34-2022 que, tras un año de discusión a lo interno del organismo electoral y con los partidos políticos, aún no se ha podido llegar a un acuerdo.

La propuesta fue trabajada por los directores de Elecciones, Informática y Partidos Políticos de la JCE que propusieron la utilización de un equipo informático para que se digitalicen los resultados de las elecciones y estos sean escaneados y transmitidos desde los colegios electorales.

Dicha propuesta fue presentada en dos ocasiones a los partidos en las fechas 28 de junio y 12 de julio del 2022 cuando se explicó la funcionalidad de la misma y se le permitió a los delegados técnicos de los partidos utilizar los equipos y realizar pruebas.

Seis meses después, la JCE y los partidos no han llegado a un acuerdo sobre la resolución preliminar y este pasado jueves se realizó una audiencia pública para que los partidos dieran su parecer sobre esta modalidad que permitirá una digitalización de los resultados, pero surgieron nuevas inquietudes.

Ante esto, a los partidos se les dio un nuevo plazo de cinco días laborables para que depositen sus consideraciones adicionales a las que ya habían depositado, para así poder tomar una decisión en torno a los mecanismos que se estarían implementado en las elecciones del 2024.

En diciembre del 2022, cuando se presentó el Calendario Electoral Actividades Administrativas y Plazos Legales 2024, el director Nacional de Elecciones, Mario Núñez, explicó que la JCE a nivel interno se encontraba tratando el tema de la digitalización de resultados tras haber recibido las opiniones de los partidos.

El nuevo plazo dado a los partidos vence el jueves 20 de abril para depositar sus opciones.

Uno de los puntos más atacados por los delegados de los partidos fue el uso de la plantilla. Estos consideraron que en la utilización de las mismas se podrían dar errores, por lo cual no están de acuerdo con ésta y más porque en la resolución se establece que no tiene «valor jurídico vinculante».