Nayeli Reyes
Santo Domingo, RD

Los abogados del mayor general Adán Cáceres y de la pastora Rossy Guzmán y su hijo, Tanner Flete Guzmán, acusados en el caso Coral por corrupción administrativa, declararon este viernes que sus representados no cuentan con los fondos suficientes para pagar sus distintas fianzas.

El monto que la jueza estableció fue muy alto y el cliente tiene todos sus fondos y bienes incautados, entonces no es tan sencillo, ni tan simple como se pueda creer”, indicó Cristian Martínez, abogado del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) en el período 2012-2020.

El pasado martes, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso el pago de una garantía económica de RD$100 millones, bajo la modalidad de contrato, arresto domiciliario, grillete electrónico e impedimento de salida del país contra Cáceres y el también implicado coronel Núñez de Aza.

Ante la solicitud presentada por la barra de defensa, el tribunal determinó también para la pastora Guzmán arresto domiciliario, colocación de grillete electrónico, pago de una garantía de RD$50 millones bajo modalidad de contrato, así como impedimento de salida del país, mientras a su hijo solo arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la colocación del brazalete electrónico.

Sin embargo, Héctor Lopez, abogado de madre e hijo, se unió a los alegatos de la defensoría del general estableciendo que “el problema es que se ha fijado el pago de una fianza de RD$50 millones de pesos y eso significa que hay que pagar unas prima de 5 millones de pesos, pero Rossy Guzmán no tiene dinero para eso”.

Lo mismo refirió en el caso de Tanner Flete Guzmán, a quien indicó que no tiene trabajo.

A todo este, Wilson Camacho, procurador adjunto, indicó que los acusados están obligados a responder ante las imposiciones del tribunal.

Otros acusados 

En el caso Coral también figuran como acusados Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.

Girón Jiménez se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.