Ramon Marrero-Hoy

Los pocos avances hacia la reducción de nóminas administrativas estatales y gigantescas a las que se agrega de inmediato una nueva -y realmente conveniente- cartera de Justicia llaman la atención por la insuficiente presencia de agrónomos en los campos y de agentes de DIGESETT para controlar la pesadilla del tránsito, de un Estado cuyas enfermeras tituladas se quejan de cargar pesado y formulan reclamos de que sean llenadas las vacantes en centros de salud en un país de solo tres auxiliares profesionales por cada 10 mil habitantes.

El Colegio de Abogados ha dicho claro: la insuficiencia de jueces y tribunales dificulta el acceso a la justicia y retrasa los procesos. Habría que buscar con lupa a los 47 mil y pico de servidores públicos nuevos que hicieron crecer la burocracia oficial en el primer trimestre de este 2025.

Son ostensibles -admitido públicamente por más de una gestión reciente del Ministerio de Medio Ambiente- las dificultades confrontadas para llevar a cabo su trascendental rol por escasez de personal además de otras limitaciones como las económicas. Un organismo esencial para la protección de áreas estratégicas, la aplicación de programas de reforestación y para hacer frente a las ingratitudes del cambio climático. Algunas autoridades pasadas y presentes han llegado a declarase impotentes ante las debilidades del régimen de consecuencias para aquellos que violan las leyes ambientales. Recordar que el aparato judicial del que depende lo punitivo no alcanza para la magnitud de las desobediencias civiles.

La velocidad en la creación de empleos que caracteriza al sector público dominicano llevó su nómina en diciembre pasado a 754, 825 de esos a los que aquí llaman «incumbentes» tras la reafirmación de poderes para nombrar y multiplicar los puestos oficiales que generó el nuevo triunfo electoral.

Con todo y que eran muchos, estando República Dominicana en el cuarto puesto en súper burocracias en Latinoamérica y solo superada por países verdaderamente extensos como Argentina, Brasil y México, esa multitud a sueldo del erario dio la bienvenida a lo ya apuntado: 47.049 personas en flamantes cobros mensuales, un crecimiento interanual del 7 % lo que cuesta a los contribuyentes en el año RD$336 mil millones de pesos, representando el 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

A ojos vistas que con la tendencia a superar cantidades emitiendo cheques, el Estado dominicano parece dejar de lado la contratación de técnicos calificados como los requeridos para el desarrollo agrícola: faltan profesionales de adecuado nivel para áreas específicas como la ingeniería hidráulica y de gestión de cuencas hidrográficas imprescindibles para alcanzar soluciones sostenibles a largo plazo para el aprovechamiento productivo del agua. Alrededor del 70% de la que llega al territorio nacional por lluvias tiene en el mar su destino final sin haber sido aprovechado. Aunque el país tiene potencial para alimentar sus millones de habitantes, el año pasado se importaron 5,300 millones de dólares en productos agroalimentarios. ¿Y los agrónomos, dónde están?

PUESTOS VACÍOS

En la diversidad de huecos en gestiones de Estado se destaca uno revelado el miércoles en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio: El director de la DIDA, órgano gubernamental de protección a los usuarios de la Seguridad Social, licenciado Elías Báez, reaccionó a la escasez de personal que resta alcance a su entidad diciendo que: «Es inconcebible que la institución por donde se debe empezar a manejar los fondos para que se proteja a los afiliados la dejen sin nada porque no interesa». ¡Palabras ha habido!
Alguien con conocimiento de causa dijo días atrás sobre la administración pública: «Hay 612 áreas (oficiales) sin técnicos. Donde no hay técnicos no está el Gobierno» para luego criticar que en ese momento no se avanzara en la preparación de terrenos para los pequeños y medianos productores que representan el 70% de la agropecuaria nacional. «El Estado debería preparar tres millones de tareas pero en esta gestión apenas hemos llegado a 800 mil».

Conectando con este panorama el economista Antonio Ciriaco proclamó que «La inversión de capital en este Gobierno es la más baja en 50 años» y refirió que el país lleva tres años consecutivos alcanzando los cuatro mil millones de dólares en exportaciones agropecuarias pero en el 2024 se importaron 5,300 millones de dólares en productos agroalimentarios, según datos del propio Gobierno que reflejan una falta de dinamismo en apoyo tecnológico al campo que debe provenir de entidades afines.

Había ocurrido que en el 2022 técnicos de un partido de oposición describieron como «en situación crítica» al sector agropecuario, lo que atribuyeron a que el Estado, especialmente el Ministerio de Agricultura, no accionaba debidamente para proporcionar asistencia profesional a productores de las categorías menores y en vez de nombrar más personal para esa tarea llegó a cancelar a centenares de los que ya prestaban servicios.

Sobre la urgencia de respaldar la producción con recursos humanos especializados, elexministro de Agricultura, Osmar Benítez, había importantizado la presencia de agrónomos y veterinarios en el campo diciendo que: «la producción agrícola nacional del presente y el porvenir no puede concebirse sin la existencia de los profesionales del campo cuyos esfuerzos hacen posible no solo la agroalimentación de la población sino también de los millones de turistas e inmigrantes domiciliados en el país».

ENTIDADES DÉBILES

En recientes declaraciones a la prensa, el director del Instituto de Tránsito y Transporte ((ntrant) Milton Morrinson, lamentaba que la Dirección de Seguridad de Tránsito, DIGESETT, apenas contará con 1,752 agentes para todo el país, cifra de palpable insuficiencia «para gestionar y poner en orden el parque vehicular del país que supera los seis millones de vehículos de motor con la adición de millones de motocicletas, la mayoría sin la más mínima autorización legal para circular. El Gobierno haciéndose la vista gorda con la proliferación de una rampante ilegalidad e incurriendo en una desastrosa omisión.

Morrison ha descrito la ridícula cantidad de agentes para vigilancia vial como uno de los factores claves para que República Dominicana sea uno de los países más abatidos por los siniestros de tránsito mientras -agregamos- el Gobierno nombra, nombra y nombra gente a costa del Erario que va luego a posiciones burocráticas ajenas a las prioridades de la nación y a veces ni siquiera llega a saberse después cuánta es ni dónde están.

PEQUEÑEZ POLICIAL

Antes de que ocurriera una aparente sacudida hacia el reforzamiento de la Policía con sangre nueva y mejor entrenamiento, la modestia de ese paso no impedía alarmarse ante la realidad de que la delincuencia viene siendo un problema serio desde hace tiempo y que el diagnóstico del cuatrienio que concluyó hace apenas seis meses en esa institución indicó que el número promedio de sus agentes por municipio era de diez.

A los doce campanazos que cerraron al 2024, sobre el territorio nacional se sentía el sensible déficit de 280 locales policiales pendientes de crear.

Consolaba a la opinión pública que el Gobierno dijera que ya estaba «trabajando» para suplir a la ciudadanía (virtualmente acorralada por la criminalidad en algunos sitios) de nuevos enclaves para frenar a los maleantes. Tras las autoridades superiores del ramo descubrir que la flota de vehículos del cuerpo del orden estaba en pésimas condiciones, prometió dirigir una gran inversión para las soluciones.

En San Francisco de Macorís, localidad en la que una auditoría de personal determinó que solo había 27 agentes realmente disponibles aunque habría por ahí nombrados sin trabajar por la vigencia de los apadrinamientos y el amiguismo. La localidad de la altamente productiva zona agro-ganadera del Nordeste de la República es una de las afectadas por una mayor criminalidad y de presencia del narcotráfico.

Antes de que entrara el 2025, al ser entrevistado en el programa radial Panorama de la Tarde, uno de los especialistas en materia de seguridad ciudadana más invocados en el país, Daniel Pou, llegó a sostener que la Policía estaba convertida en un «organismo de alquiler con cientos de agentes asignados a entidades privadas como bancos, cadenas de supermercado, «cuyos beneficios no repercuten en la institución sino en los intereses de sus superiores».

Y para quienes se interesan para establecer la ubicación actual del gentío que en los últimos años ha pasado a cobrar con cargo al Tesoro Nacional, se recuerda que Pou también dijo que miembros de la prensa (que alguna prominencia deben tener) se beneficiaban de la asignación de agentes policiales para la calidad de escoltas personales incluyendo a miembros con rango de capitanes que sirven de choferes a turpenes de la comunicación social.