Emmanuel Rivera Ledesma y compartes vendieron más de 300 unidades de apartamentos, de proyectos para los que no tenían ni siquiera permiso de construcción y en algunos casos, ni la propiedad del terreno.

“Todos los terrenos adquiridos para supuestamente edificar los proyectos presentaron Litis y problemas judiciales de consideración, que apenas algunos se han logrado resolver con el dinero de las hoy víctimas, pero que realmente carecían de un derecho de propiedad en favor de la estructura al momento de que captaban a las víctimas”, establece el Ministerio Público en el expediente de pedido de medida de coerción.

La estructura es todo un clan familiar, de manera que los planes y ejecuciones de fraudes podrían decidirse tanto en el hogar como en la oficina.

 

Esto así porque el cabecilla dela red, Emmanuel Rivera Ledesma, tenía bajo su mismo techo, en su residencia ubicada en la calle Los Samanes, en el sector Bella Vista, Distrito Nacional, a su esposa, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, y a sus hijos:  Emmanuel Eduardo y Rivera Pichardo.

Las denuncias sobre acciones fraudulentas de Rivera Ledesma y compartes fueron expuestas, hace alrededor de tres meses, en varios reportajes de N Investiga y ahora dan al traste con la investigación más profunda del Ministerio Público.

Las autoridades indican que los integrantes  de la denominada Operación Nido, vendieron a distintas personas las mismas unidades de apartamento e incluso vendieron decenas de proyectos y unidades inexistentes.

Utilizaron audiovisuales para aparentar entregas de vivienda a víctimas, a quienes de forma abusiva utilizaron su imagen y atropellaron su dignidad y derecho, cerrándole la puerta de la vivienda supuestamente entregada, luego de haber utilizado la imagen como un caso de responsabilidad y de lo que pasaba con quienes creían y no se querellaban”, apunta el expediente.

El Ministerio Público determinó que vendieron proyectos basados en inmuebles sobre los que no tenían ningún tipo de derecho de propiedad, perteneciendo estos inmuebles a terceras personas.

Utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de ser sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también, asesorar para encubrir sus maniobras fraudulentas.