Santo Domingo, RD.- Uno de los temas políticos sociales bastante discutido en los últimos meses en la República Dominicana, es el de la salud mental en privados de libertad, quienes no reciben asistencia médica ni suministro de medicamentos, pese a las deplorables condiciones en que se encuentran.

En la actualidad, más de 500 presos en distintos centros penitenciarios del país padecen alguna condición mental.

Por lo que el José Miguel Gómez exhortó a la procuradora Miriam Germán tomar acciones pertinentes para evitar el deterioro de los reos con problemas mentales. Tales como demencia, párkinson, esquizofrenia, enfermedades degenerativas, bipolaridad y abuso de sustancias ilícitas.

En esta ocasión, Gómez se enfocó en la poca utilidad que se le da a las Unidades de Psiquiatría Forense para determinar cuáles presos, desde el momento de su detención, padece trastornos mentales y necesitan asistencia en el área de psiquiatría.

“Cuando una persona comete homicidio o cualquier otro hecho horrendo, cómo es posible que las Unidades de Psiquiatría Forense no auxilien a la justicia. Es decir, estas Unidades deben establecer diagnósticos de alto riesgo o peligrosidad a estos individuos”, cuestionó.

Desde su punto de vista, las Unidades de Psiquiatría Forense y el Ministerio Público podrían crear un protocolo para determinar pronósticos y tratamientos a presos con problemas mentales.

Plan piloto para brindar asistencia en salud mental a privados de libertad

Gómez recordó que en el pasado se planteó un plan piloto para utilizar a especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y evaluar a los privados de libertad.

Más adelante, los resultados serían enviados al Ministerio Público y los medicamentos suministrados a través de PromeseCal o Salud Pública. A fin de que desde la misma unidad de salud llevara un récord por paciente.

Sin embargo, procuradores de ese entonces, rechazaron la propuesta y alegaron falta de personal y de recursos económicos para llevar acabo la iniciativa.

“Solo bastaba con nombrar un psicólogo y un psiquiatra para evaluar en el Inacif a los detenidos, pero no se aprobó ese plan”, dijo José Miguel.

Puntualizó además que en el modelo de prevención penitenciario se planteó que el Ministerio Público y la Policía Nacional recibirían un entrenamiento mínimo de información para establecer un programa de referencia y contra-referencia.

“Cuando un detenido es trasladado a un destacamento, la unidad de la Policía debe reconocer síntomas de problemas mentales y notificar a un centro psiquiátrico cercano, pero no se ha implementado» recalcó.

Al finalizar, se refirió a los consumidores de drogas detenidos y que conviven junto a los demás reos, pese a que debido a su condición deben recibir un tratamiento especial.

El especialista habló del tema durante una entrevista en el matutino Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes, de 7:00-9:00 a.m. por CDN37.