El Gobierno rechazó ayer declaraciones “parcializadas y desafortunadas” del experto en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, William O’Neill, quien cuestionó las políticas migratorias gubernamentales, incluyendo el cierre de sus fronteras.
Con ajuares y maletas en mano que en ocasiones se les caían al suelo o que sostenían en sus cabezas, cientos de haitianos continuaban este lunes retornando a Haití voluntariamente, ante el cierre total por tiempo indefinido de la frontera.
Un comunicado de respuesta de la Cancillería indica que desde 2021, “venimos instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio de las autoridades haitianas, reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y, en particular, en nuestro país”.
Los agricultores haitianos involucrados en la construcción del canal en el río Masacre indicaron que no cederán pese a las medidas impuestas por el Gobierno dominicano para detener el proyecto.
Respecto al caso del canal, las autoridades reiteraron que cualquier diálogo con Haití está condicionado a la detención efectiva de la construcción “unilateral e ilegal del canal en el río Dajabón”.
En segundo lugar, añade, O’Neill menciona el tema migratorio, “que no guarda relación con el conflicto del canal”. En una declaración que rechaza “de plano” declaraciones del experto, el gobierno indica que como ya expreso en una respuesta a O’Neill el 29 de junio pasado, “no somos responsables de la situación interna en Haití y no es razonable que nuestro país tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos”.
“La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración”, advierte.
No obstante, el gobierno indicó que toma nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití, pero reiteró que “la solución inmediata y definitiva de este problema está en manos de Haití, cuando decida poner fin a la construcción del canal”.
También juzgó prematuro hablar de un arbitraje internacional “cuando no hay un conflicto entre dos gobiernos”, recordando que la crisis “ha sido generada por actores particulares haitianos, oportunistas e irresponsables, sumado a la crisis humanitaria, de orden público y seguridad en Haití, que afecta la capacidad de su gobierno de imponer el Estado de derecho”.
