Los senadores demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense anunciaron el domingo un acuerdo bipartidista en respuesta a los ataques con armas de fuego del mes pasado, un avance modesto que prevé restricciones moderadas sobre las armas y refuerza las acciones para mejorar la seguridad en las escuelas así como los programas de salud mental.

La propuesta dista de adoptar las medidas severas pretendidas desde hace tiempo por el presidente Joe Biden y muchos demócratas. Si el acuerdo da pie a un decreto de ley, aun así supondría un vuelco frente a años de masacres que se han traducido en pocas acciones y en un estancamiento en el Congreso.

La dirigencia legislativa confía en convertir rápidamente en ley cualquier acuerdo —esperan hacerlo este mes— antes de que se desvanezca el impulso político suscitado por los recientes tiroteos que resultaron en numerosas víctimas en Búffalo, Nueva York, y en Uvalde, Texas.

En un acontecimiento importante, 20 senadores, de ellos 10 republicanos, emitieron una declaración en la que piden la aprobación. Este aspecto podría ser crucial porque el obstáculo mayor para decretar la medida quizá se encuentra en el senado, 50-50, donde al menos 10 votos republicanos serían necesarios para alcanzar el límite ordinario de 60 votos para conseguir la aprobación.

“Las familias están asustadas, y es nuestro deber unirnos y concretar algo que contribuya a restaurar su sentido de seguridad y protección en sus comunidades”, dijeron los legisladores.

El acuerdo prevé que los antecedentes penales juveniles de compradores de armas menores de 21 años estén disponibles cuando se vaya a revisarles su historial.

Los resonsables de las matanzas de 10 personas en una tienda de comestibles en Búffalo y de 19 estudiantes y dos maestras en una escuela primaria en Uvalde, ambos tenían 18 años, y muchos de los atacantes que han escenificado tiroteos que han dejado numerosas víctimas eran jóvenes.

El acuerdo prevé la entrega de recursos a los estados a fin de que se pongan en marcha leyes que permitirían poner una etiqueta de “señal de peligro” a fin de facilitar el retiro temporal de las armas a personas que se considere potencialmente violentas, y que reforzarían la seguridad en las escuelas y los programas de salud mental.