El presidente Luis Abinader designó a través del decreto 558-26 al mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional, reemplazando en la posición a Andrés Modesto Cruz Cruz.
Dos meses han pasado y los “intercambios de disparos” entre agentes policiales y presuntos delincuentes han sido parte de la gestión de Rodríguez García.
Por lo menos en septiembre las autoridades registraron 55 muertes por esa causa y en octubre la cifra se encuentra en 37, con miras a subir hasta 40 o más.
Los hechos han sido registrados en diferentes partes del país, desde el Distrito Nacional hasta la sureña provincia Bahoruco.
A través de reportes periodísticos, policiales y de páginas web, Listín Diario logró identificar 37 de los 55 registrados en septiembre y 26 de los 37 ocurridos durante octubre.
Encabezan lista
Con esos datos, las provincias donde más han ocurrido los supuestos interuno de los principales autores de la muerte del artista urbano Diddy Glow.
El pasado 21 de octubre se sumó el fallecimiento de los hermanos gemelos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, quienes fueron ultimados por uniformados dentro de su residencia en el sector Mendoza, Santo Domingo Este. Tenían 16 años de edad.
Derechos humanos
De acuerdo con Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las autoridades deberían contar con estadísticas y un listado oficial.
“Para establecer cuántas personas han sido colocadas en el llamado código 29 desde la llegada del nuevo director de la Policía Nacional, es necesario contar con estadísticas oficiales y verificables. No podemos permitir que estas muertes se conviertan en simples cifras; detrás de cada caso hay una vida, una familia y una sociedad que merece conocer la verdad”, declaró al ser cuestionado por este medio.
Otros de los puntos que abordó Mercedes fue que la edad promedio de muertes “es preocupante”, debido a que los abatidos por policías tenían entre 18 y 25 años.
“Debemos fortalecer la prevención del delito, las oportunidades de reinserción social y los mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales, garantizando siempre el derecho a la vida y el debido proceso”, precisó el defensor de los derechos humanos.
