Por Enrique Encarnación C.
#EfectoMundial | Hoy se cumplen dos años de la explosión en el Mercadito Viejo de la Padre Ayala, en San Cristóbal, y la comunidad todavía enfrenta el mismo dolor que aquel día. La tragedia dejó víctimas, familias desoladas y una ciudad marcada por la pérdida, pero lo más preocupante no fueron solo las llamas y los escombros, sino la ausencia total de respuestas claras de parte de las autoridades.
Hasta hoy, no se ha identificado a ningún culpable, no se ha ofrecido un número oficial de fallecidos y tampoco se han explicado las causas de la explosión. Lo que debía ser un acto de justicia y acompañamiento a las familias se ha convertido en un reflejo de la indiferencia institucional. Promesas de seguimiento, asistencia y medidas preventivas quedaron en papel, demostrando que la palabra de los funcionarios muchas veces no tiene valor cuando se enfrenta a la tragedia real del pueblo.
Este caso evidencia una triste realidad: cuando el sistema falla, la culpa recae sobre los mismos ciudadanos. Los que deberían proteger y garantizar justicia se limitan a un pacto silencioso para evadir responsabilidades. Políticos, jueces, empresarios, líderes gremiales y representantes eclesiásticos han demostrado que es más fácil ignorar el dolor que asumir su rol frente a la ciudadanía.
Dos años después, la memoria de los afectados sigue viva, y con ella, la indignación de un pueblo que exige transparencia y justicia. El luto de los familiares se mantiene como un recordatorio de que la impunidad también mata y que la negligencia institucional tiene un costo humano incalculable.
La tragedia del Mercadito Viejo de la Padre Ayala nos obliga a reflexionar: un sistema solo funciona si protege a sus ciudadanos. Mientras eso no ocurra, cada desastre, cada explosión, cada pérdida será un recordatorio de que en nuestro país, cuando las autoridades fallan, el pueblo paga el precio más alto.
