El Gobierno rechazó las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del comunicado titulado “CIDH insta al Estado a erradicar la apatridia”, en donde recuerda al país que la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 resultó en “la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran consideradas nacionales de ningún otro Estado”.
A través de un documento de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que ese comunicado difundido por CIDH no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
“Hemos realizado importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, los cuales han incluido la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha sido ampliamente respaldada por la sociedad dominicana. La misma ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13 y se ordenó expedirle sus documentos como dominicanos. De estos, solo 26,123 acudieron a retirar sus documentos, los restantes 34,110 no los han recogido, presumiblemente porque fallecieron, emigraron o ignoraron el amplio llamado del Gobierno dominicano en ese momento”, resalta el documento difundido a los medios de comunicación.
Las autoridades resaltaron su “compromiso” con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana.
“El Estado ha hecho ingentes esfuerzos por garantizar el acceso universal a la salud y a la educación de todos los habitantes en nuestro territorio. Tampoco existen políticas discriminatorias o segregadoras en el mercado de trabajo que dificulten el acceso al empleo de grupos particulares”, agrega.
Mediante el mismo, las autoridades locales reiteraron su compromiso con el diálogo y la cooperación con la CIDH para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en República Dominicana.
El comunicado de CIDH se produce justo en medio de una crisis con Haití por un canal que se construye en la parte occidental de la isla que pretende desviar las aguas del Río Masacre y que provocó el presidente Luis Abinader dispusiera el cierre de la frontera.
La sentencia del Tribunal Constitucional
La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional estableció en 2013 en su punto neurálgico que los hijos de extranjeros sin residencia legal permanente nacidos en territorio dominicano, no son titulares de la Nacionalidad de este país.
O sea, que fundamentada en la Constitución de 2010 relativa a la titularidad de la Nacionalidad dominicana como una consecuencia de estos criterios, se centra en que además de los hijos de extranjeros miembros de delegaciones diplomáticas y consulares y de extranjeros en tránsito, se especificó que también quedan exceptuados los hijos de los que residan ilegalmente en territorio dominicano.
Al mismo tiempo, estableció un procedimiento de “regularización” de los registros de actos del estado civil desde 1929 hasta 2007, ordenando la creación de libros-registro especiales de nacimientos de extranjeros.
Con la aprobación de la mayoría del Pleno y los votos disidentes de las magistradas Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia el 23 de septiembre de 2013, en respuesta a un recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado contra la Decisión número 473-2012 emitida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Monte Plata, por Juliana Dequis (o Deguis) Pierre.
Debate nacional e internacional
La sentencia TC-168/13, del 23 de septiembre de 2013 generó un debate nacional e internacional. Luego el Congreso aprobló la Ley 169-14 sobre Naturalización, que establece un régimen especial para personas nacidas en nuestro territorio inscrtias irregularmente en el registro civil y sobre naturalización.
