El Poder Ejecutivo hizo una serie de cambios en el decreto que ordenó la conversión de la Oficina Metropolitana de Autobuses (Omsa) en una empresa pública denominada Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, con las mismas siglas.

El presidente Abinader decidió en el decreto 59-24 que esta entidad no esté adscrita al Ministerio de la Presidencia, sino al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Este cambio implica que el ministro de Obras Públicas sea el presidente del Consejo de Administración, órgano superior de la empresa.

Con esta disposición, la Omsa tendrá que suministrar al MOPC su informe anual con el balance de su situación, estado de ingresos y egresos, memoria anual de sus actividades y otros reportes.

La Omsa tendrá un vicepresidente ejecutivo, quien será el administrador general, designado por decreto presidencial. Tendrá voz, pero no voto en el Consejo de Administración. También habrá un secretario nombrado por el Ejecutivo.

El documento justifica la medida en el hecho de que «según el artículo 9, numeral 16 de la Ley 63-17, corresponde al MOPC, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), velar por el cumplimiento de las normas relativas a la circulación y seguridad vial de la red de infraestructura nacional para el tránsito y transporte terrestre».

El Gobierno ha dispuesto transformar a la Omsa en una empresa pública en cumplimiento de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que en su artículo 356 derogó el decreto que creó esa institución en el año 1997.

Esa norma ordenó que «la Omsa sea transformada en empresa pública o mixta pública-privada prestadora del servicio nacional de transporte de autobuses», y mandó al Poder Ejecutivo a emitir el decreto «para la transformación institucional, administrativa, técnica y operativa».

De hecho, ya el proceso de transformación está en marcha.