Un juez federal de California dejó este miércoles sin efecto las políticas del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que obligaban a los empleadores a pagar 100.000 dólares por cada nueva petición de visa H-1B, al considerar que las agencias migratorias las implementaron sin seguir los procedimientos exigidos por la ley.
El juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, concedió parcialmente una solicitud de medidas cautelares presentada por varias empresas y organizaciones que cuestionaron la legalidad del cobro, proclamado por Trump en septiembre de 2025, de acuerdo con la resolución revisada por EFE.
La resolución ordena anular y devolver a las agencias las políticas mediante las que el Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades implementaron el pago y prohíbe a las agencias y a quienes actúen bajo su dirección seguir aplicándolas mientras no completen un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
El magistrado concluyó que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que las agencias actuaron de manera «arbitraria y caprichosa» al no estudiar alternativas ni los intereses de las entidades afectadas antes de imponer el nuevo requisito.
También determinó que el Gobierno incumplió la obligación de someter estas políticas a un proceso de participación pública, dado que sin esas normas de las agencias el cobro de 100.000 dólares no podía aplicarse.
La proclamación de Trump, firmada el 19 de septiembre de 2025, estableció el pago adicional de 100.000 dólares para las nuevas peticiones H-1B y fue extendida por el mandatario el pasado 18 de septiembre hasta septiembre de 2027.
El Gobierno justificó entonces la medida como una respuesta al supuesto «abuso sistémico» del programa de visas para trabajadores extranjeros especializados.
El caso enfrenta así decisiones judiciales contrapuestas: mientras un tribunal federal de Washington confirmó en 2025 la autoridad del presidente para imponer el cobro, tribunales federales de Massachusetts y ahora California han dejado sin efecto las políticas utilizadas para aplicarlo.
