Luego de tener una reunión con las agencias de ley federales, la gobernadora Jenniffer González entendió que en Puerto Rico se hace lo que diga Estados Unidos y aseguró que en la isla se acatará la orden del presidente Donald Trump de deportar a los inmigrantes ilegales.
González añadió que su gobierno quiere crear un protocolo para cuando los arrestos de inmigrantes ilegales se lleven a cabo en escuelas, iglesias y hospitales y que los servicios de salud y
expedición de licencias de conducir a personas con estatus migratorio no definido, van a ser revaluados.
«Vamos a tener que interpretar y revisar cual puede ser el alcance de derechos en el área de salud, en el área de las licencias de conducir y en otros servicios que se ofrecen a personas que tienen un estatus migratorio ilegal en Puerto Rico. Aunque esto no se nos ha solicitado, la realidad es que las ciudades y estados que estén otorgando estas cosas pudieran perder los fondos federales”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa
