El Ayuntamiento de San Cristóbal adjudicó un proceso de recolección de residuos sólidos por 240 millones de pesos que terminó siendo intervenido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El organismo suspendió de oficio la licitación ASC-CCC-LPN-2026-0003 tras comprobar que el proceso incumplía los parámetros legales y presentaba condiciones que favorecían a determinados actores.
Alexis Alvarez
El expediente MONITOREO-34-2026 detalla que el cabildo omitió los estudios previos obligatorios y estructuró un pliego de condiciones con exigencias restrictivas.
Entre las trabas detectadas figuran la exigencia simultánea de infraestructura operativa previa y cartas compromiso, la imposición de experiencia en zonas de alta densidad ligada a un domicilio local estricto, y confusiones deliberadas entre domicilio legal y centros de operaciones.
Dentro de las ofertas analizadas, el órgano rector detectó que la empresa Producciones D&P San Cristóbal presentó contratos de arrendamiento firmados por Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa.
Este último formó parte de la administración de la compañía hasta 2023 y mantiene un vínculo familiar directo con el alcalde municipal, Nelson de la Rosa Rodríguez.
La DGCP aplicó la medida cautelar a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para frenar el proceso y notificó formalmente al cabildo sobre la paralización de la contratación amparada en la Ley 47-25.
