El Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que la Policía Nacional y el Ministerio Público no podrán confiscar equipos de sonido en colmadones, vehículos o residencias sin una orden judicial previa. Esta disposición, que ahora es jurisprudencia, surge a raíz de un caso en el que bocinas fueron incautadas sin la debida autorización judicial.
El caso involucra la confiscación de bocinas de la marca Audio Max en un negocio, lo cual, según el TC, violó el derecho de propiedad del afectado, ya que la incautación se realizó sin contar con la autorización de un juez. En su fallo, el tribunal ordenó la devolución de los equipos a su propietario, Francisco José Herrera del Orbe, quien había solicitado la restitución de sus bocinas a través de una acción de amparo.
