La Junta Central Electoral (JCE) informó este miércoles que acogerá las recomendaciones emitidas por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para mejorar las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo.

Así lo afirmó el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, quien explicó que el pleno del órgano electoral estudiará las observaciones para aplicarlas en la contienda electoral venidera.

Además, indicó que estas medidas protegerán el torneo electoral en caso de suceder en el país una segunda vuelta en el nivel presidencial.

Por otro lado, subrayó que la etapa de revisión y recuento de los votos nulos del torneo electoral municipal se encuentra entre un 80% y 90% y que continúa «viento en popa».

Denuncias de la OEA

Mientras tanto, la OEA presentó ayer un informe a la JCE en el que denunció la compra de votos realizada por dirigentes de los partidos políticos, en general, durante las elecciones municipales del 18 de febrero.

Además, manifestó su preocupación por la abstención registrada en el sufragio, que se situó en 53.33%, un aumento con relación a la ocurrida durante los comicios de 2020.

La Junta Central Electoral (JCE) informó este miércoles que acogerá las recomendaciones emitidas por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para mejorar las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo.VIDEO

JCE acogerá recomendaciones de la misión OEA

“Este fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral. Insistimos en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicarla. Su eliminación es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, electorales, policiales y judiciales, así como de los propios partidos políticos y de la ciudadanía en general”, dice el informe.

La misión sugirió que de cara a las elecciones presidenciales y legislativas los actores del sistema político desarrollen una “campaña limpia” con garantía de equidad del financiamiento de los recursos del Estado a los partidos públicos.